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Human Rights Watch acusa a Israel de exterminio y actos de genocidio en Gaza
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Amy Goodman y Denis Moynihan La frase “el agua es vida” se convirtió en un himno para los defensores del agua que en 2016 se manifestaban contra la construcción del oleoducto Dakota Access, que pasa a poco menos de un kilómetro de la reserva sioux de Standing Rock, en el estado de Dakota del Norte. Actualmente, una variante cruel de esa frase aplica para la situación en la Franja de Gaza: “sin agua, hay muerte”. Los dos millones de palestinos atrapados en Gaza llevan casi 14 meses bajo una incesante ofensiva militar israelí, que incluye la privación deliberada del acceso al agua. La organización Human Rights Watch publicó el jueves un contundente informe de 184 páginas sobre esta crisis planificada del acceso al agua, titulado “Exterminio y actos de genocidio: Israel priva deliberadamente de agua a los palestinos de Gaza”. El informe detalla cómo Israel ha privado sistemáticamente de agua a la población de Gaza y recoge declaraciones de funcionarios israelíes que describen esta conducta criminal, en sus propias palabras, como una política de Estado. El exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, por ejemplo, dijo el 9 de octubre de 2023, dos días después del ataque que Hamás llevó a cabo en el sur de Israel: “He ordenado el asedio total de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni agua, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos, y actuaremos en consecuencia”. Las fuerzas armadas israelíes cumplieron obedientemente sus órdenes, tanto que, el 21 de noviembre de este año, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió órdenes de arresto contra Gallant y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Bill van Esveld, director asociado interino de Human Rights Watch para Israel y Palestina y uno de los editores del informe, dijo a Democracy Now!: “Las declaraciones de Gallant y las de otros funcionarios y altos mandos del Ejército israelí respecto a la privación del acceso al agua evidencian una intención deliberada, que las fuerzas armadas y las autoridades israelíes llevaron a cabo. No es que simplemente dijeron algo que sonó desagradable. Lo que dijeron fue realmente lo que hicieron. Esto es sumamente grave y constituye una de las razones que nos llevaron a concluir sobre el exterminio. Se trata de un crimen de lesa humanidad, de una acción premeditada destinada a causar muertes en masa. Una de las formas de cometer este crimen es privar a las personas de lo que necesitan para mantenerse vivas, como el agua”. Durante la conversación con Democracy Now!, van Esveld continuó explicando las razones por las cuales Human Rights Watch concluyó, de manera inequívoca, que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza: “El exterminio figura entre los actos de genocidio establecidos en la Convención sobre el Genocidio. De hecho, el Estatuto [de Roma] de la Corte Penal Internacional, en su artículo sobre el genocidio, señala que imponer condiciones de vida con la intención calculada de aniquilar a un grupo de personas constituye un acto de genocidio”. En sus 50 años de historia, Human Rights Watch solo ha formulado esta acusación en otras tres circunstancias, como explicó van Esveld: “No es una acusación que hagamos a la ligera. […] Acusamos a las fuerzas armadas de Myanmar de cometer actos de genocidio contra la comunidad rohinyá en 2017 y determinamos que hubo un genocidio en toda regla contra los kurdos durante la campaña [conocida como] Anfal que Saddam Hussein llevó a cabo en Irak en los años 80. También concluimos que hubo un genocidio en Ruanda [en 1994]” El informe de la organización expone en detalle las múltiples formas en que Israel priva de agua a la población de Gaza, desde la destrucción deliberada de la infraestructura de agua y saneamiento —tanques de almacenamiento, tuberías y plantas de desalinización—, hasta el bloqueo activo de camiones cisterna con agua donada que intentan ingresar al enclave palestino. Al respecto, van Esveld afirmó: “Los resultados son espeluznantes. La falta de agua mata de un millón de maneras diferentes”. Los bebés mueren por deshidratación, otras personas por la infección de heridas sin tratar, mientras que más de un cuarto de millón de personas sufren enfermedades cutáneas por no poder bañarse. Si bien el informe de Human Rights Watch se centra específicamente en la negación del acceso al agua, su conclusión coincide con la formulada en un informe más amplio presentado hace dos semanas por Amnistía Internacional, la primera gran organización internacional de derechos humanos en acusar a Israel de cometer genocidio en Gaza. Budour Hassan, investigadora de Amnistía Internacional para Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, habló con Democracy Now! tras la divulgación del informe de la organización: “Es una irrecusable denuncia contra la incapacidad de Estados Unidos para detener las violaciones [contra los derechos humanos] que Israel está cometiendo. Si hay algún país que tiene la capacidad, el poder y las herramientas para poner fin a este genocidio, ese país es Estados Unidos. Estados Unidos no solo no lo ha hecho, sino que además ha premiado a Israel de manera sistemática. Ha seguido transgrediendo constantemente las propias leyes de Estados Unidos para seguir suministrando armas a Israel, las mismas armas que este utiliza para cometer el genocidio en Gaza”. Los esfuerzos para detener el apoyo estadounidense a las atrocidades israelíes en Gaza continúan. Recientemente, el escritor palestino-estadounidense Ahmed Moor y otras personas interpusieron una demanda contra el Departamento de Estado de Estados Unidos y el secretario de Estado, Antony Blinken, por no cumplir con la llamada “Ley Leahy”, una legislación que prohíbe al Gobierno de Estados Unidos proporcionar ayuda militar a unidades militares extranjeras acusadas de cometer violaciones contra los derechos humanos. Moor dijo a Democracy Now!: “Las condiciones básicas para la vida no se están cumpliendo en Gaza […]; y el Gobierno de Estados Unidos está dando apoyo a esa política”. La población de Gaza necesita con urgencia un alto el fuego permanente, el fin del flujo de armas estadounidenses a Israel y el ingreso a gran escala de agua potable y ayuda humanitaria al enclave palestino. © 2024 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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21 epizódok
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Amy Goodman y Denis Moynihan La frase “el agua es vida” se convirtió en un himno para los defensores del agua que en 2016 se manifestaban contra la construcción del oleoducto Dakota Access, que pasa a poco menos de un kilómetro de la reserva sioux de Standing Rock, en el estado de Dakota del Norte. Actualmente, una variante cruel de esa frase aplica para la situación en la Franja de Gaza: “sin agua, hay muerte”. Los dos millones de palestinos atrapados en Gaza llevan casi 14 meses bajo una incesante ofensiva militar israelí, que incluye la privación deliberada del acceso al agua. La organización Human Rights Watch publicó el jueves un contundente informe de 184 páginas sobre esta crisis planificada del acceso al agua, titulado “Exterminio y actos de genocidio: Israel priva deliberadamente de agua a los palestinos de Gaza”. El informe detalla cómo Israel ha privado sistemáticamente de agua a la población de Gaza y recoge declaraciones de funcionarios israelíes que describen esta conducta criminal, en sus propias palabras, como una política de Estado. El exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, por ejemplo, dijo el 9 de octubre de 2023, dos días después del ataque que Hamás llevó a cabo en el sur de Israel: “He ordenado el asedio total de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni agua, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos, y actuaremos en consecuencia”. Las fuerzas armadas israelíes cumplieron obedientemente sus órdenes, tanto que, el 21 de noviembre de este año, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió órdenes de arresto contra Gallant y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Bill van Esveld, director asociado interino de Human Rights Watch para Israel y Palestina y uno de los editores del informe, dijo a Democracy Now!: “Las declaraciones de Gallant y las de otros funcionarios y altos mandos del Ejército israelí respecto a la privación del acceso al agua evidencian una intención deliberada, que las fuerzas armadas y las autoridades israelíes llevaron a cabo. No es que simplemente dijeron algo que sonó desagradable. Lo que dijeron fue realmente lo que hicieron. Esto es sumamente grave y constituye una de las razones que nos llevaron a concluir sobre el exterminio. Se trata de un crimen de lesa humanidad, de una acción premeditada destinada a causar muertes en masa. Una de las formas de cometer este crimen es privar a las personas de lo que necesitan para mantenerse vivas, como el agua”. Durante la conversación con Democracy Now!, van Esveld continuó explicando las razones por las cuales Human Rights Watch concluyó, de manera inequívoca, que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza: “El exterminio figura entre los actos de genocidio establecidos en la Convención sobre el Genocidio. De hecho, el Estatuto [de Roma] de la Corte Penal Internacional, en su artículo sobre el genocidio, señala que imponer condiciones de vida con la intención calculada de aniquilar a un grupo de personas constituye un acto de genocidio”. En sus 50 años de historia, Human Rights Watch solo ha formulado esta acusación en otras tres circunstancias, como explicó van Esveld: “No es una acusación que hagamos a la ligera. […] Acusamos a las fuerzas armadas de Myanmar de cometer actos de genocidio contra la comunidad rohinyá en 2017 y determinamos que hubo un genocidio en toda regla contra los kurdos durante la campaña [conocida como] Anfal que Saddam Hussein llevó a cabo en Irak en los años 80. También concluimos que hubo un genocidio en Ruanda [en 1994]” El informe de la organización expone en detalle las múltiples formas en que Israel priva de agua a la población de Gaza, desde la destrucción deliberada de la infraestructura de agua y saneamiento —tanques de almacenamiento, tuberías y plantas de desalinización—, hasta el bloqueo activo de camiones cisterna con agua donada que intentan ingresar al enclave palestino. Al respecto, van Esveld afirmó: “Los resultados son espeluznantes. La falta de agua mata de un millón de maneras diferentes”. Los bebés mueren por deshidratación, otras personas por la infección de heridas sin tratar, mientras que más de un cuarto de millón de personas sufren enfermedades cutáneas por no poder bañarse. Si bien el informe de Human Rights Watch se centra específicamente en la negación del acceso al agua, su conclusión coincide con la formulada en un informe más amplio presentado hace dos semanas por Amnistía Internacional, la primera gran organización internacional de derechos humanos en acusar a Israel de cometer genocidio en Gaza. Budour Hassan, investigadora de Amnistía Internacional para Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, habló con Democracy Now! tras la divulgación del informe de la organización: “Es una irrecusable denuncia contra la incapacidad de Estados Unidos para detener las violaciones [contra los derechos humanos] que Israel está cometiendo. Si hay algún país que tiene la capacidad, el poder y las herramientas para poner fin a este genocidio, ese país es Estados Unidos. Estados Unidos no solo no lo ha hecho, sino que además ha premiado a Israel de manera sistemática. Ha seguido transgrediendo constantemente las propias leyes de Estados Unidos para seguir suministrando armas a Israel, las mismas armas que este utiliza para cometer el genocidio en Gaza”. Los esfuerzos para detener el apoyo estadounidense a las atrocidades israelíes en Gaza continúan. Recientemente, el escritor palestino-estadounidense Ahmed Moor y otras personas interpusieron una demanda contra el Departamento de Estado de Estados Unidos y el secretario de Estado, Antony Blinken, por no cumplir con la llamada “Ley Leahy”, una legislación que prohíbe al Gobierno de Estados Unidos proporcionar ayuda militar a unidades militares extranjeras acusadas de cometer violaciones contra los derechos humanos. Moor dijo a Democracy Now!: “Las condiciones básicas para la vida no se están cumpliendo en Gaza […]; y el Gobierno de Estados Unidos está dando apoyo a esa política”. La población de Gaza necesita con urgencia un alto el fuego permanente, el fin del flujo de armas estadounidenses a Israel y el ingreso a gran escala de agua potable y ayuda humanitaria al enclave palestino. © 2024 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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21 epizódok
Minden epizód
×Amy Goodman y Denis Moynihan Estados Unidos está atravesando una crisis constitucional que tiene escasos precedentes históricos. El presidente Donald Trump está intentando concentrar el poder público, a través de una serie de órdenes ejecutivas y decretos presidenciales que dictó en los primeros días de su gobierno. Trump ha designado al hombre más rico del mundo y la persona que más dinero aportó a su campaña presidencial, Elon Musk, para dirigir el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE, por sus siglas en inglés). Musk (a quien algunos actualmente llaman el “presidente X” en alusión a su red social, formalmente conocida como Twitter) es el mayor contratista del Gobierno estadounidense, sobre todo gracias a que su empresa SpaceX tiene el monopolio de los lanzamientos de las operaciones espaciales de la NASA y el Pentágono. Musk está desmantelando casi todas las agencias federales que han investigado, multado o intentado regular su imperio empresarial, al tiempo que evita que se investiguen posibles conflictos de intereses entre sus actividades económicas y su función en el Gobierno estadounidense. Las más de 60 órdenes ejecutivas que Trump ha emitido desde que comenzó su segundo mandato han provocado la presentación de numerosas demandas. Estas acciones legales buscan frenar una serie de órdenes y decretos de Trump: su intento de suprimir el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento; su orden de congelar billones de dólares de fondos federales que ya han sido aprobados por el Congreso y convertidos en ley, incluidos la ayuda internacional, el financiamiento de la ciencia y las iniciativas federales de diversidad, equidad e inclusión en el ámbito laboral; el despido masivo de empleados y funcionarios públicos; sus ataques contra la comunidad inmigrante y las personas trans; y el acceso sin restricciones por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental a los registros privados de millones de trabajadores federales y ciudadanos estadounidenses comunes. Muchos jueces federales han emitido diversas medidas judiciales para frenar, al menos temporalmente, la ofensiva del presidente Trump. El derecho constitucional estadounidense establece que, cuando un tribunal federal emite una orden, el presidente debe acatarla. En una conferencia de prensa que Trump y Musk brindaron el miércoles en el Despacho Oval, durante el momento de las preguntas, se le consultó al presidente si acatará las órdenes judiciales, a lo que el mandatario respondió: “Sí. Siempre acato las órdenes judiciales… y las apelaré”. Un juez federal del estado de Rhode Island ordenó al Gobierno de Trump restablecer el financiamiento federal después de que 22 estados presentaran una demanda contra el congelamiento de fondos federales impulsado por el presidente estadounidense. Sin embargo, una semana después, el juez acusó a la Casa Blanca de no acatar su fallo. El magistrado rechazó la solicitud de Trump de permitir que el congelamiento de fondos federales permanezca vigente mientras dure el proceso de apelación. Según diversas informaciones, hasta este jueves 13 de febrero, los fondos no han fluido, por lo que el Gobierno federal está violando el fallo del tribunal. El vicepresidente JD Vance, que estudió en la Facultad de Derecho de Yale, ha animado al presidente a desafiar las órdenes de la justicia. En respuesta a las numerosas medidas cautelares destinadas a suspender las órdenes ejecutivas de Trump, Vance publicó en la red social X: “Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenar a la fiscal general cómo ejercer el poder discrecional que le confiere su cargo, eso también es ilegal. Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del Ejecutivo”. La visión de Vance sobre el poder extremo del Ejecutivo no es nueva. En una entrevista que brindó en 2021, Vance, que vaticinó que Trump ganaría en 2024 las elecciones presidenciales, le dio el siguiente consejo al actual presidente estadounidense: “Despida a todos y cada uno de los burócratas de nivel medio, a todos los funcionarios y empleados de la administración pública, y reemplácelos con nuestra gente. Y cuando los tribunales lo detengan –porque interpondrán demandas en su contra–, párese frente al país, como lo hizo Andrew Jackson, y diga: 'El presidente de la Corte Suprema ha dictado sentencia. Ahora, que la haga cumplir'”. En 1829, Andrew Jackson se convirtió en el séptimo presidente de Estados Unidos, después de presentarse como un candidato anti-establishment que lucharía contra la corrupción y la aristocracia enquistada en el poder. Jackson, quien era considerado un héroe de la guerra anglo-estadounidense de 1812, tenía escasa educación formal, un temperamento temible y dos balas alojadas en su cuerpo, una de un duelo y otra de una pelea con Thomas Hart Benton, quien luego se convertiría en senador y aliado clave del séptimo presidente de Estados Unidos. Además de su carrera política, Jackson,también era dueño de una plantación y esclavizaba a personas afrodescendientes. Cuando se convirtió en presidente, vendió algunos de sus esclavos, lo que desmembró familias enteras, y llevó a varios de ellos a trabajar a la Casa Blanca. La cita de Jackson que Vance publicó en la red social X hace referencia a un fallo que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió en 1832 en relación con el caso “Worcester contra Georgia”, el cual fue redactado por el entonces presidente del alto tribunal, el juez John Marshall. La Corte Suprema dictaminó que Georgia no podía imponer sus leyes en las tierras de la nación Cherokee, un territorio que dicho estado tenía intenciones de controlar. El fallo del alto tribunal presuntamente impulsó al presidente Jackson, que estaba del lado de Georgia, a proferir esa amenaza: “El presidente de la Corte Suprema ha dictado sentencia. Ahora, que la haga cumplir”. Sin embargo, Jackson no necesitó desafiar el fallo del tribunal. En los años siguientes, como presidente, logró ampliar la corte y consolidar una mayoría que anuló los fallos emitidos por el juez Marshall. Esto le permitió a Jackson orquestar una de las mayores limpiezas étnicas en la historia de Estados Unidos, una campaña conocida como el “Sendero de las Lágrimas”. Se estima que entre 1830 y 1850, unas 60.000 personas de las naciones indígenas Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muscogee y Seminole fueron reubicadas por la fuerza en reservas situadas en lo que actualmente es el estado de Oklahoma. Unas 20.000 de ellas murieron en el camino o poco después de su reubicación. Este fue un episodio central del genocidio que el Gobierno de Estados Unidos perpetró contra los pueblos originarios. Las amenazas de JD Vance de desafiar las órdenes judiciales, que recuerdan a los años oscuros que vivió el país bajo el mandato del presidente Andrew Jackson, constituyen una aciaga advertencia, al tiempo que la crisis constitucional provocada por Trump continúa siendo combatida en los tribunales y en las calles. © 2025 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
Amy Goodman y Denis Moynihan “Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza […]. Seremos dueños de ella”, anunció Donald Trump durante una conferencia de prensa que brindó esta semana en la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La asombrosa afirmación no fue improvisada, sino leída de un discurso previamente escrito. Trump dijo que los palestinos que viven en Gaza tendrán que abandonar su tierra, sin dar muestras de preocupación por estar proponiendo una limpieza étnica a gran escala, en evidente violación del derecho internacional. El mandatario estadounidense agregó al respecto: “A toda la gente con la que he hablado le encanta la idea de que Estados Unidos posea ese pedazo de tierra. […] No quiero parecer gracioso ni sonar como un tipo listo, pero la Riviera de Medio Oriente…Eso podría ser algo tan magnífico”. El empresario inmobiliario Jared Kushner, yerno de Trump y exasesor de la Casa Blanca, hizo comentarios similares hace un año en una disertación sobre Medio Oriente que brindó en la Universidad de Harvard. En esa ocasión, Kushner dijo: “Las propiedades de la zona costera de Gaza podrían ser muy valiosas”. El presidente Trump ya había anticipado la propuesta que dio a conocer esta semana durante una conversación que mantuvo con la prensa a bordo del Air Force One el 25 de enero: “Me gustaría que Egipto acepte gente y me gustaría que Jordania acepte gente. Estamos hablando de probablemente un millón y medio de personas. Y simplemente limpiamos todo el lugar”. Mientras que la extrema derecha israelí está encantada con la limpieza étnica propuesta por Trump, varios Gobiernos de países árabes se apresuraron a rechazarla. Arabia Saudí emitió un comunicado en el que afirmó que “continuará con sus incansables esfuerzos para establecer un Estado palestino independiente, con Jerusalén Oriental como su capital, y que no establecerá relaciones diplomáticas con Israel mientras esto no se concrete”. Egipto y Jordania también rechazaron de manera rotunda el plan, al menos por ahora. Trump ha invitado al rey Abdalá de Jordania a visitar Washington D.C. en las próximas semanas, y esta misma semana el Pentágono ha aprobado una venta de armas a Egipto por un valor de 300 millones de dólares. Aunque quizás sean los propios palestinos de Gaza quienes mantengan una postura más férrea. Más de 75 años después de la Nakba, cuando miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares y desplazados a Gaza, y tras más de medio siglo de ocupación, bloqueo y ataques recurrentes por parte de Israel, los palestinos de Gaza siguen reclamando el derecho a controlar su propio territorio. Parado delante de una montaña de escombros en Jan Yunis, un joven palestino llamado Yasser Safi dijo: “Estamos emergiendo de entre los escombros, la devastación y una guerra de desgaste, de un genocidio en el que la muerte aceha por todas partes y nunca sabes cuándo ta va a alcanzar. Pero nos quedamos, aguantamos y permanecimos firmes hasta el último aliento. [Y ahora viene] este [nuevo] presidente [de Estados Unidos], Donald Trump, y propone un nuevo método para expulsarnos de nuestra patria, a la que estamos profundamente arraigados. Esta es nuestra tierra. No la dejaremos. […] Hemos montado una tienda de campaña sobre los escombros”. No está claro si Trump pretende realmente perpetrar este crimen o si simplemente está desplegando la “teoría del loco”. Esta fue una táctica de negociación que el expresidente de Estados Unidos Richard Nixon empleó durante la guerra de Vietnam, para convencer a los norvietnamitas de que podía estar lo suficientemente loco como para usar armas nucleares, con el objetivo de obligarlos a aceptar un acuerdo de paz. No le resultó a Nixon y difícilmente le resultará a Trump. Pero muchas personas que desempeñaron funciones durante el primer mandato de Trump han advertido que debemos tomar en serio sus palabras. Perfectamente podría intentar expulsar a dos millones de palestinos de Gaza y forzarlos a trasladarse al desierto del Sinaí, en Egipto, o a Jordania, con la intención de “limpiar” Gaza y construir la “magnífica” “Riviera” que él imagina, y que también le reportaría, sin dudas, ganancias personales. Trump está exhibiendo su absoluto desprecio por la ley también a nivel nacional, con su ataque sin precedentes contra las estructuras fundamentales del Gobierno de Estados Unidos, en el que ha ordenado despidos en masa en represalia y el cierre de agencias gubernamentales enteras, así como también una embestida cruel contra las personas trans, entre otras acciones. A diferencia de Trump, el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter tenía un conocimiento y una experiencia mucho mayores sobre el conflicto entre Israel y Palestina. En 1978, Carter negoció los Acuerdos de Camp David, que establecieron la paz entre Israel y Egipto. En su libro titulado “Palestine: Peace Not Apartheid” (Palestina: paz, no apartheid), publicado en 2006, Carter escribió sobre la opresión que Israel impone sobre la población palestina: “A través de su predominio político y militar, [Israel] mantiene un régimen de segregación, aislamiento y apartheid sobre los ciudadanos musulmanes y cristianos de los territorios ocupados. El propósito que impulsa la separación forzada de los dos pueblos es diferente al caso de Sudáfrica: no se trata de racismo, sino de la apropiación de tierras”. El presidente Carter, que murió el 29 de diciembre de 2024 a los 100 años, recibió una enorme embestida en 2006 por utilizar la palabra “apartheid” en referencia a Israel, pero nunca se retractó. Veinte años después, Israel es ampliamente condenado por ser un Estado que impone el apartheid. Con Trump en la Casa Blanca, Israel ve sin dudas una oportunidad única para adueñarse por completo de la Franja de Gaza. Será necesario un movimiento masivo de alcance mundial para detener este crimen antes de que se cometa. © 2025 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
Amy Goodman y Denis Moynihan El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha su prometida campaña de deportaciones en masa el mismo día de su investidura. En los primeros días de su segundo mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha arrestado a más de 5.000 personas. Con un gran despliegue publicitario y cobertura mediática, se han realizado redadas en varias ciudades del país, entre ellas Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia, Phoenix, San Diego, Denver, Atlanta, Austin, Seattle, Houston, San Antonio, Tallahassee, Miami y Newark. La cadena de noticias CNN informó que los agentes de inmigración recibieron la orden de estar “listos para la cámara”, mientras que Phil McGraw —el psicólogo sin licencia y presentador televisivo más conocido como “doctor Phil”— acompañó a los agentes del Servicio de Inmigración en un operativo realizado en Chicago. Por su parte, la nueva secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump, Kristi Noem, estuvo presente en un operativo que se llevó a cabo en Nueva York y transmitió en vivo el arresto a través de la red social X. En medio de todo esto, el presidente Trump promulgó su primera legislación, la ley HR 29 o Ley Laken Riley, llamada así en honor a la estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en 2024 en el estado de Georgia por un inmigrante indocumentado que posteriormente fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. La ley permite al Departamento de Seguridad Nacional arrestar a extranjeros sin ciudadanía estadounidense que hayan sido acusados —no condenados, sino simplemente acusados— de delitos de robo no violento, como el hurto en tiendas u otro tipo de hurtos. Trump también ha dicho que decenas de miles de inmigrantes arrestados serán encarcelados en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Además de la tristemente célebre prisión estadounidense, donde aún permanecen unos 15 sospechosos de participar de los atentados del 11 de septiembre de 2001, muchos de los cuales nunca han sido formalmente acusados, la base también cuenta con un un área de detención para inmigrantes. En el auge de su funcionamiento, durante la década de 1990, alrededor de 30.000 personas, en su mayoría haitianas, fueron retenidas allí, sin cargos, en un campamento cercado con alambre de púas, donde las condiciones eran extremadamente precarias. Pero la gente no se está quedando de brazos cruzados ante este ataque cada vez más intenso y militarizado contra las personas migrantes. Años de trabajo activista dedicados a organizar, concientizar y empoderar a las comunidades para resistir las políticas migratorias racistas están mostrando sus resultados. Durante una entrevista con CNN, el elegido por Trump para desempeñarse como su llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, expresó su preocupación por el alto nivel de organización de las comunidades inmigrantes. “Las 'ciudades santuario' están dificultando mucho la detención de los criminales. Por ejemplo, las [personas inmigrantes] de Chicago están muy bien instruidas. Les han enseñado cómo desafiar al Servicio de Inmigración y cómo esconderse de él. He visto varios folletos distribuidos por organizaciones no gubernamentales que explican a estas personas cómo actuar para impedir que los agentes de inmigración las arresten. Llaman a estos folletos “Conoce tus derechos”. Yo los llamo “Cómo escapar del arresto”. Le dicen cómo esconderse del Servicio de Inmigración a una persona que tiene una orden de arresto en su contra: 'No abras la puerta. No contestes preguntas'”. Harold Solís es el director jurídico de una de esas organizaciones de las que Homan se quejó: Se Hace Camino Nueva York. Durante una entrevista que mantuvo esta semana con Democracy Now!, Solís explicó: “No existe una única definición legal de lo que significa ser una jurisdicción santuario, pero, en esencia, muchas personas coinciden en que significa ser un lugar hospitalario, un lugar donde las autoridades locales no buscan causarles más daño a sus residentes”. Por su parte, Fernando García, fundador y director ejecutivo de la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dijo a Democracy Now!: “Básicamente, les recordamos a las personas que la Constitución de Estados Unidos sigue existiendo y que, según la Cuarta Enmienda, solo deben permitir el ingreso a su propiedad, hogar o lugar de trabajo si hay una orden judicial o un permiso del propietario. O [les explicamos que] si los agentes los abordan y les hacen preguntas, tienen derecho a permanecer en silencio”. Una de las primeras redadas ordenadas por Trump tuvo lugar en la ciudad de Newark, estado de Nueva Jersey. El Servicio de Inmigración no tenía una orden judicial. Paradójicamente, una de las primeras personas detenidas fue un veterano del Ejército de Estados Unidos puertorriqueño. Sí, un ciudadano estadounidense. En conversación con Democracy Now!, Amy Torres, directora ejecutiva de la organización Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes, expresó: “A menos que un agente del Servicio de Inmigración presente una orden judicial con el nombre de la persona escrito de forma clara y correcta, y firmada por un juez, esa persona no tiene la obligación de responder a sus preguntas. Por tanto, todo lo que hagan los agentes de inmigración sin una orden judicial responde a estrategias de manipulación y engaño. Utilizan el miedo y el pánico como armas para intimidar a las personas y obtener de ellas más información de la debida”. En Chicago, el Servicio Secreto de Estados Unidos intentó ingresar a una escuela primaria, pero se le negó la entrada. Mientras se llevan a cabo estas espectaculares redadas de inmigrantes en todo el país, los partidarios de Trump que fueron condenados por participar en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos fueron indultados por el presidente de Estados Unidos en su primer día en el cargo y ahora andan libres. Dulce Guzmán es directora ejecutiva de la delegación en Chicago de la red de organizaciones Alianza Americas y beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA. En conversación con Democracy Now!, dijo al respecto: “Si de verdad se estuviera velando por la seguridad pública y la legalidad, no se habrían otorgado los 1.500 indultos a quienes irrumpieron en el Capitolio y cometieron delitos violentos contra agentes de policía. Creo que esto es una estrategia mediática de gran envergadura que se está utilizando para promover lo que este Gobierno intenta imponer: una agenda basada en el supremacismo blanco”. © 2025 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
Amy Goodman y Denis Moynihan Este año, la ceremonia de investidura presidencial en Estados Unidos coincidió con el feriado federal en honor al doctor Martin Luther King Jr. Donald Trump aprovechó al máximo la oportunidad y se apropió de la memoria de King para promover su agenda. En su discurso de asunción, el nuevo presidente de Estados Unidos apuntó de inmediato contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). La intolerancia social implícita en los planes de Trump para “hacer a Estados Unidos grande de nuevo” es clara: excluir a las personas de color y de la comunidad LGBTQIA no solo de los empleos en el Gobierno federal sino también de la esfera pública. Pero el pueblo estadounidense ha luchado durante años y mucha gente ha entregado su vida por la causa de la igualdad. El concepto de “diversidad, equidad e inclusión” engloba un conjunto de políticas y prácticas diseñadas para promover el trato justo, la participación plena y el acceso igualitario al empleo y a las oportunidades, con especial atención a las comunidades que han sido históricamente marginadas. Trump, en efecto, está intentando deshacer de un plumazo más de 60 años de logros para superar el racismo, el sexismo y otras formas de intolerancia, que se han conquistado con tanto esfuerzo. “Hoy es el Día de Martin Luther King”, expresó Trump en el discurso de investidura pronunciado en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos; una de las pocas afirmaciones objetivamente correctas que hizo. Luego prosiguió: “En su honor, nos esforzaremos juntos para hacer realidad su sueño. Haremos que su sueño se haga realidad”. Sin embargo, momentos después, el nuevo presidente de Estados Unidos prometió: “Esta semana, también pondré fin a la política gubernamental de tratar de imponer la cuestión de la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad que no haga distinciones por el color de la piel y basada en el mérito”. Tras el discurso, Trump emitió un aluvión de órdenes ejecutivas. En cuestión de horas, las dependencias federales recibieron por correo electrónico una misiva formal que ordenaba suspender, antes de finalizar la jornada del miércoles, a todo el personal involucrado en políticas de diversidad, equidad e inclusión, y concedía a los empleados restantes diez días para informar sobre cualquier actividad “encubierta” de esas políticas, es decir, para delatar a sus compañeros de trabajo. Mientras Trump pronunciaba su discurso de asunción, a pocas cuadras de la Casa Blanca se estaba llevando a cabo un encuentro muy diferente. Cientos de personas se habían congregado en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Metropolitana, un templo tradicionalmente frecuentado por la comunidad negra al que asistía regularmente el destacado líder del movimiento abolicionista Frederick Douglass y donde, en 1895, se celebró su funeral. Asimismo, en 2005, el féretro de la legendaria activista Rosa Parks fue trasladado desde el Capitolio de Estados Unidos, donde se había realizado el velatorio, hasta esta iglesia para realizar un último servicio fúnebre. En la iglesia, el activista por los derechos civiles y reverendo Al Sharpton pronunció su discurso al mismo tiempo que Trump daba el suyo. Al enterarse de que Trump había invocado el nombre de King en su alocución, el reverendo Al Sharpton expresó: “Donald Trump acaba de decir […] que va a acabar con las políticas de diversidad, equidad e inclusión esta semana y que va a emitir órdenes ejecutivas al respecto. Y varias empresas han dicho que van a dar marcha atrás con las políticas DEI. ¿Por qué tenemos estas políticas de diversidad, equidad e inclusión? Tenemos estas políticas porque nos negaron la diversidad, nos negaron la equidad, nos negaron la inclusión. Las políticas DEI se implementaron para contrarrestar la discriminación racial institucionalizada que prevalecía tanto en el ámbito académico como en estas empresas. ¿Ahora quieren ponernos de nuevo en la parte trasera de los autobuses? Vamos a luchar contra ustedes como lo hicieron [Martin Luther] King y Rosa Parks. Los señalaremos uno a uno y los haremos retroceder”. Más tarde, en su propio raid del Día de Martin Luther King, Trump celebró un mitin en el que firmó la primera serie de órdenes ejecutivas, que incluyó una anulación general de muchas de las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Biden, entre ellas al menos 15 relacionadas con la promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión. A continuación, el presidente de Estados Unidos firmó una orden mucho más amplia que dictó la finalización, en palabras textuales, de todas las “órdenes, políticas, programas, preferencias y actividades ilegales vinculadas a diversidad, equidad e inclusión (DEI) y a 'diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad' (DEIA) en el Gobierno Federal”, y también “cesar, en la mayor medida permitida por la ley, todos los cargos y dependencias relacionados con esas políticas y con la 'justicia ambiental'”. La “A” de la sigla DEIA significa “accesibilidad”, por lo que Trump está también incorporando a las personas con discapacidad en la guerra que está librando contra sus propios ciudadanos. El reverendo Al Sharpton y los otros oradores recordaron no solo a Martin Luther King Jr. y a Rosa Parks, sino que también hicieron todo un recorrido por la historia: desde la llegada de los primeros africanos esclavizados en 1619, pasando por Frederick Douglass y el papel que desempeñaron los esclavos liberados en la Guerra Civil, hasta las protestas que se desataron en 2020 tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. Marc Morial, presidente de la organización por los derechos civiles National Urban League, convocó el miércoles en Washington D.C. una mesa redonda de emergencia denominada “Exige diversidad”. En ella, Morial señaló que Estados Unidos no es una monarquía y que Trump no es un rey: “Estas órdenes ejecutivas son ilegales e inconstitucionales y buscan llevar a cabo lo que siempre sospechamos. Esto no es una monarquía. No se puede gobernar por decreto o edicto. Esto es una democracia constitucional. […] Tenemos que recordar esto al afrontar esta batalla tan importante”. Los participantes del evento, que representan a más de 20 organizaciones estadounidenses de defensa de los derechos civiles y los derechos humanos, integran el núcleo de una coalición decidida a oponerse a la agenda de Trump. La coalición se guía e inspira en la memoria y las lecciones de Martin Luther King Jr.: organización, boicot, resistencia. En última instancia, son estas las luchas que quedarán grabadas en la historia. © 2025 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
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1 El cambio climático que arrasa con Los Ángeles convierte en ardiente verdad la ciencia ficción de Octavia Butler
Amy Goodman y Denis Moynihan Los incendios devastadores que están arrasando Los Ángeles son un impactante ejemplo del inmenso poder destructivo de la naturaleza con la aceleración que le imprime el cambio climático inducido por la actividad humana. Los incendios Eaton y Palisades han quemado más de 15.000 hectáreas, se han cobrado la vida de al menos 25 personas y han dañado o destruido más de 12.000 casas y otros edificios. El fuego se ha propagado rápidamente y ha arrasado barrios enteros en cuestión de horas, incluso minutos, obligando a la gente a abandonar sus hogares sólo con lo puesto. Asimismo, estos incendios alimentados por el cambio climático han reavivado el interés en la obra de Octavia Butler, una escritora negra ya fallecida que fue pionera en la ciencia ficción, y en su novela “La parábola del sembrador”, un relato distópico ambientado en el estado de California. En dicho libro, el cambio climático ha transformado por completo la sociedad tal como la conocemos. La desigualdad económica ha provocado actos criminales nacidos de la desesperación y ha llevado a barrios enteros a encerrarse detrás de muros y formar grupos armados de autodefensa. En este contexto, gana las elecciones un presidente populista, que beneficia a las corporaciones, elimina regulaciones gubernamentales y promueve políticas que acentúan la desigualdad. Escrito en 1993, el visionario relato de Butler se desarrolla entre los años 2024 y 2027. “La parábola del sembrador” se narra a través de las entradas del diario de una adolescente negra, Lauren Olamina, que vive con su familia cerca de Los Ángeles, en un enclave cercado compartido por once familias. Octavia Butler creció en la ciudad californiana de Pasadena junto a su madre viuda, que trabajaba como empleada doméstica para familias blancas acomodadas. La comunidad ficticia en la que transcurre el libro, Robledo, se asemeja a Altadena, una localidad vecina de Pasadena. A consecuencia de la segregación racial que tuvo lugar a lo largo de la historia de Los Ángeles, Altadena se desarrolló como una comunidad de clase media, mayoritariamente negra, ubicada en el extremo norte del condado. El incendio Eaton ha destruido gran parte de Altadena. En una de las anotaciones de su diario, la protagonista del libro describe cómo incluso las modestas comodidades de su comunidad amurallada terminan motivando agresiones por parte de personas menos favorecidas: “Pero todo iba a peor: el clima, la economía, la delincuencia, las drogas, ya sabes. No creía que fueran a dejar que nosotros, con nuestra ropa limpia, ricos y bien alimentados, nos sentáramos tras nuestros muros a mirar a la gente de fuera, sucia, con hambre, con sed, sin casa ni trabajo”. Los ataques violentos en el vecindario aumentan y, después de un evento en el que su familia y la mayoría de los vecinos pierden la vida, Lauren huye hacia el norte junto con otras dos personas. En un momento de su huida, la adolescente escribe: “Las hogueras son ilegales. Se las ve parpadear por las colinas, pero son ilegales. Está todo tan seco que siempre hay peligro de que a la gente se les descontrolen sus fogatas y se lleven por delante uno o dos enclaves habitados. Esas cosas pasan. Pero la gente que no tiene casa enciende hogueras”. Ya en 1993, Octavia Butler entendía la amenaza del cambio climático. La “Parábola del sembrador” fue pensada como la primera de una serie de novelas de parábolas. Le siguió “La parábola de los talentos”, un relato en el que un nacionalista cristiano es elegido presidente y promete “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”. Pero la escritora murió en 2006 a causa de una caída y el resto de la serie quedó sin escribir. Está enterrada en Altadena. En 2005, en una de sus últimas entrevistas grabadas, Octavia Butler dijo a Democracy Now!: “Escribí los dos libros de parábolas en la década de 1990 y […] tratan sobre lo que sucede cuando no tomamos medidas para corregir algunos de los problemas que estamos generando ahora mismo. El aumento de la temperatura global es uno de esos problemas. Yo ya era consciente de eso en los años 80. Leía libros sobre el tema. Mucha gente consideraba el problema como algo político, como algo susceptible de debate, como algo que se podía pasar por alto, ya que no iba a tener repercusiones en lo inmediato”. En esta misma entrevista, Butler describe el contexto en el que se desarrolla el libro y lee un fragmento de “La parábola del sembrador”: “Hay un personaje en mis libros que está llevando el país hacia el fascismo y que logra ser elegido presidente. […] Esta es una de las reflexiones que la protagonista del libro se siente motivada a escribir sobre esa situación: Elegid con sensatez y reflexión a quien haya de guiaros. Si quien os guía es un cobarde, os controlara todo aquello que el cobarde tema. Si quien os guía es un loco, os guiarán los oportunistas que controlen al loco. Si quien os guía es un ladrón, estaréis ofreciendo vuestros tesoros más preciados para que os los roben. Si quien os guía es un mentiroso, estaréis pidiendo que os cuenten mentiras. Si quien os guía es un tirano, os estaréis vendiendo junto a vuestros seres queridos a la esclavitud”. Escribimos esta columna días antes de la segunda investidura presidencial de Donald Trump, quien ha amenazado con no enviar a California la ayuda federal prevista para desastres a menos que dicho estado promulgue las políticas exigidas por el Partido Republicano. Por supuesto, la catástrofe generada por el cambio climático no reconoce fronteras ni le importa si un estado es republicano o demócrata: basta con mirar los daños causados por los huracanes en Carolina del Norte y Florida. Mientras tanto, los incendios continúan asolando Los Ángeles y las autoridades intentan localizar e identificar a los muertos. En esta ciudad, conocida mundialmente por su producción creativa, la vida se ha vuelto, lamentablemente, un reflejo del arte de Octavia Butler. © 2025 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
Amy Goodman y Denis Moynihan Ha llegado el momento de cerrar la cárcel de la base naval estadounidense en la bahía cubana de Guantánamo, donde sigue habiendo hombres detenidos lejos del territorio continental de Estados Unidos, en un infierno extrajudicial. Allí, hombres que han pasado más de 20 años en prisión sin juicio ni cargos en su contra —y cuyas liberaciones ya han sido autorizadas— continúan enjaulados, prácticamente olvidados. Afortunadamente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se ha olvidado. Once prisioneros que pasaron un largo tiempo en Guantánamo fueron recientemente liberados y trasladados a Omán para vivir en libertad. Aún hay quince hombres detenidos en la bahía. Seis de ellos nunca han sido imputados formalmente de ningún delito y tres cuentan con la autorización para ser liberados. Biden puede brindar algo de justicia a todos los prisioneros que permanecen en Guantánamo. El mandatario debería dejar en libertad a los que ya tienen su liberación autorizada y trasladar a los que tienen imputaciones o condenas a una instalación en Estados Unidos. Luego, debería ordenar el cierre definitivo de esta tristemente célebre prisión. Desde el año 2002, unos 780 hombres han estado encarcelados en Guantánamo, la mayoría sin ninguna imputación de cargos en su contra. Han contado con el acompañamiento jurídico de un puñado de abogados estadounidenses, en ciertos casos durante casi un cuarto de siglo. Ramzi Kassem, profesor de derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, es uno de estos abogados. En conversación con Democracy Now!, Kassem habló sobre uno de sus clientes que acaba de ser liberado y enviado a Omán: “Moath al-Alwi es un ciudadano yemení. Es uno de los primeros prisioneros que llegaron a Guantánamo. La prisión se abrió el 11 de enero de 2002. Él estaba en el segundo o tercer avión. Por eso, su número de serie de internamiento era bajo: el 028. [Al-Alwi] nunca fue acusado formalmente de ningún delito. Fue vendido, como la mayoría de los prisioneros de Guantánamo, por una recompensa de entre 5.000 y 15.000 dólares que el Gobierno de Estados Unidos ofrecía a las tribus de la frontera entre Afganistán y Pakistán por los llamados 'árabes fuera de lugar'. Según las propias declaraciones del Gobierno estadounidense, el señor al-Alwi nunca llegó a disparar un solo tiro contra militares de Estados Unidos o de sus países aliados. Aun así, pasó 23 años, más de la mitad de su vida, en Guantánamo”. Ramzi Kassem también se refirió a otro de los prisioneros recientemente liberados de la cárcel de Guantánamo: “Sanad al-Kazimi sobrevivió a los centros de detención clandestinos de la CIA. Fue desaparecido en Emiratos Árabes Unidos y soportó brutales torturas físicas y psicológicas en una cárcel cuyos sobrevivientes bautizaron como 'la prisión de las tinieblas' o 'la prisión oscura' y que la CIA denominó 'El pozo de sal' o “Cobalto” en el informe que el Senado de Estados Unidos elaboró sobre los actos de tortura que allí se cometieron. [Al Kazimi] fue trasladado a Guantánamo en 2004. A él tampoco se le acusó formalmente de ningún delito. Tiene cuatro hijos a los que no ha podido ver durante la mayor parte de sus vidas”. Multipliquemos estas historias por cientos y empezaremos a entender la magnitud de la injusticia y la mancha que los más de 20 años de existencia de la prisión de Guantánamo han dejado en el sistema de justicia estadounidense. Otro de los hombres yemeníes que acaban de ser liberados y trasladados a Omán es Sharqawi Al Hajj, cuya representante jurídica ha sido durante mucho tiempo Pardiss Kebriaei, abogada principal de la organización Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés). Kebriaei habló sobre él en Democracy Now!: “Sharqawi tiene 51 años. Estuvo encarcelado desde que lo capturaron cuando tenía 28 o 29. […] Guantánamo se creó para recopilar información de inteligencia. El objetivo era establecer un lugar en alta mar donde las personas pudieran ser retenidas e interrogadas sin garantías legales, sin acceso a los tribunales y en régimen de incomunicación”. Sharqawi Al Hajj fue sometido a interrogatorios durante varios años, que comenzaron incluso dos años antes de su reclusión en Guantánamo, cuando Al Hajj estuvo encarcelado en un centro de detención clandestino de la CIA en Jordania y en la base aérea de Bagram, en Afganistán, la cual ha sido apodada “El Guantánamo del Este” debido a los brutales maltratos que los prisioneros experimentaban allí, similares a los de la prisión de Guantánamo. La abogada Pardiss Kebriaei expresó: “Es difícil dimensionar lo que significa para estas personas haber salido y experimentar la libertad por primera vez después de tanto tiempo, tener la oportunidad de reunirse con sus familias y empezar a recuperarse y reconstruir sus vidas”. Con el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos, es bastante poco probable que a los prisioneros de Guantánamo les espere otra cosa que seguir padeciendo en el agujero negro jurídico que constituye la cárcel de la bahía de Guantánamo. Por ejemplo, Moath al-Alwi se convirtió en un talentoso artista durante su encarcelamiento. En 2017, se realizó una exposición en Nueva York, que incluyó obras de él y de otros prisioneros de Guantánamo. En ese entonces, el Gobierno de Trump afirmó que esas obras de arte eran “propiedad del Estado” y comunicó a los abogados de los reclusos que serían destruidas. La medida se revirtió durante la presidencia de Biden. Tal vez, si el dúo designado por Trump para recortar gastos, integrado por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, hiciera una evaluación de la prisión de Guantánamo, tomaría la decisión de cerrarla. Al fin y al cabo, el Gobierno de Estados Unidos destina 500 millones de dólares al año para mantener en funcionamiento la cárcel y el tribunal de Guantánamo, que ahora solo tiene 15 prisioneros. En 2009, el expresidente Barack Obama prometió cerrar el centro de detención de Guantánamo, pero no lo hizo. El presidente Biden podría cerrarlo: tiene la autoridad y aún tiene tiempo. Pero ¿tendrá la voluntad? © 2025 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
Amy Goodman y Denis Moynihan Gente de todas partes del mundo ha estado viendo la taquillera película musical “Wicked” durante estas fiestas de fin de año. Basada en el musical homónimo de Broadway, “Wicked” actúa como una precuela de la película de 1939 “El mago de Oz” y presenta a la villana de esa obra cinematográfica, la Bruja Mala del Oeste, como una niña incomprendida y acosada que desafía a la autoridad y expone las malas acciones. Desde mediados de la década de 1950 hasta principios de la de 1990 —mucho antes de que existieran las plataformas de transmisiones por Internet y de videos a demanda— los telespectadores estadounidenses, que solo tenían acceso a unas pocas cadenas importantes de televisión, debían esperar cada año que llegara la oportunidad de ver “El mago de Oz”. La tan esperada transmisión especial de la película solía emitirse entre el Día de Acción de Gracias y el día de Navidad y captaba la atención de millones de televidentes de todo el país. Esta tradición cinematográfica compartida popularizó el fantástico cuento de Dorothy, su perro Toto, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León. La película también recibió reconocimiento internacional por su banda sonora, con canciones icónicas como “Follow the Yellow Brick Road” (Sigue el camino de ladrillos amarillos); “We’re Off to See the Wizard” (Vamos a ver el mago); “Ding Dong the Witch is Dead” (Ding dong, la bruja ha muerto); y el clásico de renombre mundial “Over the Rainbow” (Sobre el arcoíris). Menos conocido es el autor de las letras de esas canciones: el compositor y guionista E. Y. “Yip” Harburg. En una época de creciente autoritarismo, desigualdades cada vez mayores y una élite multimillonaria en ascenso, las canciones con conciencia social de Yip Harburg, así como su propia lucha por superar la pobreza durante la Gran Depresión y su inclusión en las listas negras durante la era del macartismo, aun cuando “El mago de Oz” ganaba fama, se convierten en una fuente de inspiración y advertencia. Yip Harburg nació en 1896 en el barrio Lower East Side del distrito de Manhattan, en Nueva York, en el seno de una familia judía pobre cuyos padres huyeron, como tantos otros, de los pogromos antisemitas en Europa del Este. En la escuela secundaria le tocó sentarse, por orden alfabético, junto a Ira Gershwin y ambos comenzaron una amistad que se mantuvo durante toda su vida y que fue determinante para el desarrollo de la música y la cultura estadounidenses del siglo XX. Ernie Harburg, hijo de Yip y coautor de la biografía titulada '¿Quién puso el arcoíris en el mago de Oz?', dijo en una entrevista que mantuvo con Democracy Now! en 1996: “Yip experimentó de cerca la pobreza […]; eso le permitió comprender la vida como una constante lucha”. Yip Harburg quedó sumamente endeudado tras la crisis de Wall Street en 1929. Gershwin le sugirió que escribiera letras de canciones. Poco tiempo después, Harburg compuso la canción que encarnó la esencia de la Gran Depresión, “Hermano, ¿me das diez centavos?”, que se convirtió en un éxito a nivel nacional y sigue siendo un himno atemporal sobre los tiempos difíciles, la codicia empresarial y la dignidad de la clase trabajadora. “Una vez construí un ferrocarril; lo hice correr, lo hice competir contra el tiempo. Una vez construí un ferrocarril; ahora está terminado. Hermano, ¿me das diez centavos?”. La película “El mago de Oz” se basó en la novela de 1900 titulada “El maravilloso mago de Oz”, de L. Frank Baum. Antes del éxito comercial que obtuvo con el libro, Baum se desempeñó en diversas actividades. Entre 1890 y 1891, en el estado de Dakota del Sur, dirigió el periódico local Aberdeen Saturday Pioneer. Allí escribió varias editoriales, entre ellas dos que instaban a cometer un genocidio contra los pueblos indígenas. Pocos días después de la masacre de Wounded Knee, ocurrida el 29 de diciembre de 1890 y en la que se estima que unas 300 personas mayores, mujeres y niños de la comunidad Lakota fueron masacrados por el ejército estadounidense en la cercana reserva de Pine Ridge, Baum escribió: “Nuestra seguridad depende del exterminio total de los indígenas […], [hay que] borrar de la faz de la tierra a estas criaturas salvajes e indomables”. Las letras de Yip Harburg, por el contrario, dignificaban a las personas oprimidas, a la clase trabajadora, a los inmigrantes y a otros grupos marginados. Estos fueron los temas principales de los dos éxitos de Broadway escritos por Yip: la obra “Bloomer Girl” (Chica bloomer), que gira en torno al movimiento por el sufragio de la mujer, y “Finian’s Rainbow” (El arcoíris de Finian), que rinde homenaje a las personas migrantes y a la lucha contra el racismo. Las letras de Yip atrajeron la atención del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y del senador Joseph McCarthy, quien lideró una agresiva “caza” de personas sospechosas de ser comunistas dentro del Gobierno y de las principales instituciones del país, incluidos los estudios de Hollywood. McCarthy contó con la ayuda del abogado “cazacomunistas” Roy Cohn, quien más adelante desempeñaría el papel de mentor de un entonces joven Donald Trump. Yip Harburg estuvo entre los cientos de escritores, actores y otras personas de la industria a quienes se les prohibió trabajar en el cine y la televisión durante la década de 1950. McCarthy y su cruzada anticomunista finalmente acabaron desacreditados, y Harburg continuó con su trabajo creativo en defensa de los derechos humanos hasta su muerte en 1981, cuando tenía 84 años. La obra más conocida y entrañable de Yip Harburg continúa siendo su colección de canciones para la película “El mago de Oz”, que se estrenó en el tumultuoso año 1939. En ese entonces, el fascismo estaba en pleno auge en Europa y Asia, los impactos económicos de la Gran Depresión todavía causaban estragos en la clase trabajadora y las leyes segregacionistas de la época de Jim Crow oprimían a millones de personas de color. A escasas semanas de la investidura de Donald Trump para su segundo mandato como presidente, y con el foco puesto en el desafío a la autoridad que introdujo, de manera muy oportuna, la exitosa película “Wicked”, es un buen momento para recordar el extraordinario trabajo y las profundas enseñanzas de las letras de Yip Harburg, el hombre que puso el arcoíris en el mago de Oz. © 2025 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
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1 "Cristo sigue entre los escombros": no habrá noches de paz en Gaza esta Navidad en medio de los continuos bombardeos israelíes
Amy Goodman y Denis Moynihan La Navidad conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, ocurrido hace más de 2.000 años en la ciudad de Belén, Palestina, en lo que hoy es el territorio de Cisjordania, ocupado por Israel. La celebración es a la vez solemne y festiva. La Basílica de la Natividad se erige en el sitio que se considera que fue el lugar de nacimiento de Jesús, un establo donde se cree que el niño recién nacido fue colocado en un pesebre, tal como se representa esa escena en los belenes de todo el mundo. “Cristo entre los escombros” es el nombre que se le dio a uno de esos pesebres, ubicado dentro de la Iglesia Evangélica Luterana de la Natividad de Belén, a pocos pasos de la antigua calle empedrada donde se cree que nació Jesús. En ese particular pesebre, el Niño Jesús, arropado con una kefia —el pañuelo tradicional palestino— reposa sobre una pila de escombros, como símbolo del incesante ataque de Israel contra la población de Gaza. En vísperas de la navidad de 2023, el pastor de esa iglesia, el reverendo Isaac Munther, pronunció un sermón llamado “Cristo entre los escombros”, que se viralizó en internet. A casi 450 días del inicio de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, en los que han muerto más de 45.000 palestinos, el sermón navideño que Munther pronunció este año ante los feligreses se tituló “Cristo sigue entre los escombros”. En un fragmento del sermón, Munther expresó: “[El lema] 'nunca más' debería significar un 'nunca más' para todos los pueblos [del mundo]. [Sin embargo], el 'nunca más' se ha convertido en 'una vez más': una vez más la supremacía, una vez más el racismo y una vez más el genocidio. Una vez más, por desgracia, el uso de la Biblia para legitimar la guerra, una vez más el silencio y la complicidad de la Iglesia occidental, una vez más la Iglesia que se alinea con el poder y el imperio”. La información que llega desde Gaza es desalentadora. Israel continúa atacando el devastado sistema sanitario del enclave asediado: ha detonado explosivos controlados a distancia en los alrededores del hospital Kamal Adwan y ha forzado la evacuación de pacientes enfermos y heridos del hospital Indonesio. Las fuerzas armadas israelíes también bombardearon el hospital Al-Awda, una de las principales maternidades de la Franja de Gaza. María, la madre de Jesús, tuvo la suerte de encontrar un establo tranquilo donde dar a luz. En Gaza, los bebés nacen actualmente sin las más elementales condiciones de higiene, sin acceso a agua potable ni a una atención médica apropiada. La mayor parte de la infraestructura agrícola del enclave palestino, incluidos establos y comederos para animales, han sido arrasados de manera sistemática, en lo que la organización Oxfam ha calificado como “las últimas etapas de la limpieza étnica”. Munther continuó diciendo en su sermón: “Así que hoy, después de esta destrucción total, de esta aniquilación, Gaza ha sido erradicada […]. Millones de personas se han convertido en refugiados y personas sin hogar y decenas de miles han muerto. ¿Y por qué aún se sigue debatiendo si esto es o no es un genocidio?”. Tras el sermón de Navidad, el reverendo Issac Munther habló también al respecto con Democracy Now!: “Seguimos viendo imágenes de niños y niñas que son rescatados de debajo de los escombros. Es increíble que hayan pasado más de 14 meses desde el comienzo de este genocidio y que sigamos viendo las mismas imágenes. Parece que estamos completamente desprotegidos y que el mundo se complace en permitir que esto continúe. Y aquí, en Cisjordania, al observar desde Belén lo que ocurre en Ramala o Hebrón, nos preguntamos: “¿Seremos los siguientes?’. Israel ha dejado claro que planea anexar Cisjordania el próximo año. ¿Qué significará esto en la práctica? En Belén tememos que no haya nadie que obligue a Israel a rendir cuentas por sus acciones”. Israel viola abiertamente el derecho internacional, con el pleno apoyo, militar y diplomático, de Estados Unidos. Sudáfrica, a la que se le suman ya otros 14 países, ha presentado una demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, mientras que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de lesa humanidad. Gallant visitó recientemente la ciudad de Washington D.C., donde se reunió con funcionarios de alto rango del Gobierno de Biden, todos los cuales hicieron caso omiso de la orden de arresto. Sin embargo, según se informa, Netanyahu ha decidido no asistir al evento que se celebrará en Polonia para conmemorar los 80 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz, dado que el Gobierno de ese país ha declarado que cumplirá con su obligación de ejecutar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional. El columnista israelí Gideon Levy escribió esta semana en el periódico Haaretz: “Hace 80 años, a los judíos se les dio a elegir entre dos legados: 'nunca más los judíos volverán a enfrentarse a un peligro similar' o 'nunca más nadie en el mundo volverá a enfrentarse a un peligro similar'. Israel eligió claramente la primera opción, con un peligroso añadido: después de Auschwitz, a los judíos se les permite hacer cualquier cosa. Durante el último año, Israel ha implementado esta doctrina como nunca antes lo había hecho”. En una singular coincidencia que ha sucedido muy pocas veces en el último siglo, la Navidad de este año coincide con el primer día de Janucá, la Fiesta Judía de las Luces. En ese mismo espíritu, que haya luz. Que haya vida. Que haya, sin más demora, un alto el fuego permanente en Gaza. © 2024 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
Amy Goodman y Denis Moynihan La frase “el agua es vida” se convirtió en un himno para los defensores del agua que en 2016 se manifestaban contra la construcción del oleoducto Dakota Access, que pasa a poco menos de un kilómetro de la reserva sioux de Standing Rock, en el estado de Dakota del Norte. Actualmente, una variante cruel de esa frase aplica para la situación en la Franja de Gaza: “sin agua, hay muerte”. Los dos millones de palestinos atrapados en Gaza llevan casi 14 meses bajo una incesante ofensiva militar israelí, que incluye la privación deliberada del acceso al agua. La organización Human Rights Watch publicó el jueves un contundente informe de 184 páginas sobre esta crisis planificada del acceso al agua, titulado “Exterminio y actos de genocidio: Israel priva deliberadamente de agua a los palestinos de Gaza”. El informe detalla cómo Israel ha privado sistemáticamente de agua a la población de Gaza y recoge declaraciones de funcionarios israelíes que describen esta conducta criminal, en sus propias palabras, como una política de Estado. El exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, por ejemplo, dijo el 9 de octubre de 2023, dos días después del ataque que Hamás llevó a cabo en el sur de Israel: “He ordenado el asedio total de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni agua, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos, y actuaremos en consecuencia”. Las fuerzas armadas israelíes cumplieron obedientemente sus órdenes, tanto que, el 21 de noviembre de este año, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió órdenes de arresto contra Gallant y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Bill van Esveld, director asociado interino de Human Rights Watch para Israel y Palestina y uno de los editores del informe, dijo a Democracy Now!: “Las declaraciones de Gallant y las de otros funcionarios y altos mandos del Ejército israelí respecto a la privación del acceso al agua evidencian una intención deliberada, que las fuerzas armadas y las autoridades israelíes llevaron a cabo. No es que simplemente dijeron algo que sonó desagradable. Lo que dijeron fue realmente lo que hicieron. Esto es sumamente grave y constituye una de las razones que nos llevaron a concluir sobre el exterminio. Se trata de un crimen de lesa humanidad, de una acción premeditada destinada a causar muertes en masa. Una de las formas de cometer este crimen es privar a las personas de lo que necesitan para mantenerse vivas, como el agua”. Durante la conversación con Democracy Now!, van Esveld continuó explicando las razones por las cuales Human Rights Watch concluyó, de manera inequívoca, que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza: “El exterminio figura entre los actos de genocidio establecidos en la Convención sobre el Genocidio. De hecho, el Estatuto [de Roma] de la Corte Penal Internacional, en su artículo sobre el genocidio, señala que imponer condiciones de vida con la intención calculada de aniquilar a un grupo de personas constituye un acto de genocidio”. En sus 50 años de historia, Human Rights Watch solo ha formulado esta acusación en otras tres circunstancias, como explicó van Esveld: “No es una acusación que hagamos a la ligera. […] Acusamos a las fuerzas armadas de Myanmar de cometer actos de genocidio contra la comunidad rohinyá en 2017 y determinamos que hubo un genocidio en toda regla contra los kurdos durante la campaña [conocida como] Anfal que Saddam Hussein llevó a cabo en Irak en los años 80. También concluimos que hubo un genocidio en Ruanda [en 1994]” El informe de la organización expone en detalle las múltiples formas en que Israel priva de agua a la población de Gaza, desde la destrucción deliberada de la infraestructura de agua y saneamiento —tanques de almacenamiento, tuberías y plantas de desalinización—, hasta el bloqueo activo de camiones cisterna con agua donada que intentan ingresar al enclave palestino. Al respecto, van Esveld afirmó: “Los resultados son espeluznantes. La falta de agua mata de un millón de maneras diferentes”. Los bebés mueren por deshidratación, otras personas por la infección de heridas sin tratar, mientras que más de un cuarto de millón de personas sufren enfermedades cutáneas por no poder bañarse. Si bien el informe de Human Rights Watch se centra específicamente en la negación del acceso al agua, su conclusión coincide con la formulada en un informe más amplio presentado hace dos semanas por Amnistía Internacional, la primera gran organización internacional de derechos humanos en acusar a Israel de cometer genocidio en Gaza. Budour Hassan, investigadora de Amnistía Internacional para Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, habló con Democracy Now! tras la divulgación del informe de la organización: “Es una irrecusable denuncia contra la incapacidad de Estados Unidos para detener las violaciones [contra los derechos humanos] que Israel está cometiendo. Si hay algún país que tiene la capacidad, el poder y las herramientas para poner fin a este genocidio, ese país es Estados Unidos. Estados Unidos no solo no lo ha hecho, sino que además ha premiado a Israel de manera sistemática. Ha seguido transgrediendo constantemente las propias leyes de Estados Unidos para seguir suministrando armas a Israel, las mismas armas que este utiliza para cometer el genocidio en Gaza”. Los esfuerzos para detener el apoyo estadounidense a las atrocidades israelíes en Gaza continúan. Recientemente, el escritor palestino-estadounidense Ahmed Moor y otras personas interpusieron una demanda contra el Departamento de Estado de Estados Unidos y el secretario de Estado, Antony Blinken, por no cumplir con la llamada “Ley Leahy”, una legislación que prohíbe al Gobierno de Estados Unidos proporcionar ayuda militar a unidades militares extranjeras acusadas de cometer violaciones contra los derechos humanos. Moor dijo a Democracy Now!: “Las condiciones básicas para la vida no se están cumpliendo en Gaza […]; y el Gobierno de Estados Unidos está dando apoyo a esa política”. La población de Gaza necesita con urgencia un alto el fuego permanente, el fin del flujo de armas estadounidenses a Israel y el ingreso a gran escala de agua potable y ayuda humanitaria al enclave palestino. © 2024 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
Amy Goodman y Denis Moynihan El Gobierno sirio ha sido derrocado y el dictador Bashar al-Assad ha huido a Moscú. Assad y —antes de él— su padre, Hafez al-Assad, gobernaron Siria con extrema brutalidad durante más de 50 años. Tras el derrocamiento del régimen a manos de varias facciones rebeldes, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, afirmó en un comunicado: “La población siria ha estado sometida a una larga lista de terribles violaciones contra los derechos humanos, que han causado un sufrimiento humano indecible y de enormes proporciones. […] Es preciso aprovechar esta oportunidad histórica y reparar las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas durante décadas”. La población de Siria se ha volcado a las calles y está derribando todo vestigio visible del régimen de Assad, se han abierto las innumerables cárceles establecidas por el régimen y liberado a miles de personas que estaban sometidas a condiciones horrorosas de confinamiento. El grupo armado que lideró la ofensiva final, Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, era hasta hace tan solo una década un aliado de al-Qaeda, y Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Turquía siguen considerándolo una organización terrorista. El líder del grupo, Abu Mohammed al-Jolani —que ahora se identifica con su verdadero nombre, Ahmed al-Sharaa—, afirmó que está centrado en reconstruir el país de forma inclusiva. Ahora bien, la pregunta es: ¿permitirán Estados Unidos y los principales vecinos regionales, como Turquía e Israel, que los sirios construyan el Estado independiente que se merecen? La arquitecta y escritora siria Marwa Al-Sabouni habló con Democracy Now! desde Homs, poco días después de que esa ciudad fuera liberada gracias a la ofensiva relámpago del grupo armado Hayat Tahrir al-Sham: “La atmósfera general [que se percibe aquí] es de alivio, de alegría, de celebración, pero también se siente un trasfondo de aprensión e incertidumbre. […] A nuestro alrededor se presentan varios peligros, principalmente en relación con las potencias extranjeras, que estudian con atención el mapa de Siria, proponen su división y planifican su futuro, aprovechando el vacío [de poder] y la ausencia de referentes sirios en la escena política del país, producto de [años de] opresión”. Por su parte, el académico y activista suizo-sirio Joseph Daher dijo a Democracy Now!: “Por primera vez en décadas, la población siria tiene la esperanza de construir una sociedad más igualitaria y democrática de cara al futuro. Obviamente, hay miedo, pero ese miedo ha sido una constante durante las últimas cinco décadas. […] Será necesario reconstruir un movimiento democrático, nuevas organizaciones populares, sindicatos y organizaciones feministas, y, a través de la lucha desde abajo, forjar el alumbramiento de una estructura política alternativa”. Mientras el pueblo sirio reacciona en las calles a su frágil y nueva libertad, Israel ha emprendido una feroz ofensiva contra Siria. Las fuerzas armadas israelíes han llevado a cabo casi 500 ataques en diversas partes de Siria contra lo que Israel afirma que son “objetivos militares” y se han adentrado aún más en territorios que mantienen ocupados desde hace décadas, como los Altos del Golán y las laderas del monte Hermón. Gideon Levy, columnista y miembro del consejo editorial del periódico israelí Haaretz, escribió el jueves: “No debemos pasar por alto el daño fatídico que este horrible saqueo podría conllevar a largo plazo. […] La apropiación de este territorio por parte de Israel le traerá consecuencias de seguro. Estos arrebatos territoriales serán el pretexto para otra guerra. […] Y terminarán convirtiéndose en una nueva herida que nunca sana”. Joseph Daher afirma que Turquía y sus ataques contra la población kurda del norte de Siria, así como las acciones de Israel son amenazas inminentes para una Siria nueva y libre. Durante la conversación que mantuvo con Democracy Now!, Daher expresó al respecto: “Israel no tiene ningún interés en que se produzca un proceso de democratización en Siria, ni en el resto de Medio Oriente, ya que sabe que eso generará más apoyo a la causa palestina”. Según Daher, los ataques militares tienen dos propósitos: “debilitar el futuro Estado sirio y también enviarle un mensaje político a quien asuman el poder en Siria, advertirles que cualquier tipo de posición hostil y beligerante hacia Israel será respondida con ataques”. Además de las rivalidades entre las diversas facciones sirias y los ataques de Israel y Turquía, Rusia cuenta con dos importantes bases militares en Siria, que aspira a conservar, mientras que Estados Unidos también tiene personal militar desplegado allí. Estados Unidos ha ocupado territorio sirio desde al menos 2016, con el aparente objetivo de entrenar y abastecer de suministros a diversas fuerzas locales, para combatir al Estado Islámico, pero también para ejercer control sobre los yacimientos petrolíferos de Siria. En un informe enviado al Congreso estadounidense el 6 de diciembre, según lo establecido en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el presidente Biden escribió: “Una pequeña representación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos permanece en lugares de importancia estratégica de Siria para llevar a cabo operaciones, en colaboración con fuerzas locales terrestres previamente examinadas”. Al igual que Israel, Estados Unidos también bombardeó diversos objetivos tras la caída de Assad. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés), declaró en un comunicado de prensa: “El 8 de diciembre se llevaron a cabo decenas de ataques aéreos de precisión contra campamentos y milicias del Estado Islámico en el centro de Siria”; y posteriormente, tal como es habitual en sus informes, agregó: “No hay indicios de víctimas civiles”. El pueblo sirio está saliendo de medio siglo de represión y autoritarismo y de casi 15 años de una guerra civil que dejó al menos 500.000 muertos y obligó a unos 14 millones de personas a abandonar sus hogares. En su proceso de reconstrucción del país, la población siria necesitará el apoyo de la comunidad internacional y de las organizaciones de base para garantizar que su nuevo Estado no caiga en el fracaso. © 2024 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
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1 El presidente Biden y su poder para indultar a miles de personas encarceladas por delitos relacionados con el cannabis
Amy Goodman y Denis Moynihan En un comunicado publicado por la Casa Blanca el 1 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció: “Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. […] Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente ha tomado esta decisión”. Hunter Biden aguardaba sentencia tras haber sido condenado por dos delitos de orden federal: en un caso, por haber ocultado su adicción a las drogas al llenar un formulario para la compra de un arma de fuego; y en el otro, por evasión impositiva. Por estos delitos, Hunter Biden probablemente hubiera pasado menos de cinco años en prisión. Joe Biden afirma, acertadamente, que los procesos judiciales contra su hijo estuvieron motivados por intereses políticos y partidarios. “Hunter solo fue señalado porque es mi hijo”, expresó. Con una simple firma, el presidente Biden salvó a su hijo de una terrible experiencia. Antes de concluir su mandato, Biden debería mostrar la misma compasión hacia las miles de personas encarceladas en prisiones federales víctimas de la llamada “guerra contra las drogas”. Jason Ortiz, director de iniciativas estratégicas de la organización Last Prisoner Project, dijo a Democracy Now!: “Esta es, sin duda, una oportunidad para que la gente debata acerca de cómo el indulto presidencial podría emplearse para corregir las injusticias cometidas a lo largo de los últimos 20 o 30 años en lo que respecta a los delitos relacionados con el cannabis. El propio presidente Biden fue uno de los artífices de la ley contra el delito promulgada en 1994, que dio lugar a muchas de las desproporcionadas sentencias que estamos enfrentando actualmente”. Ortiz hace referencia a la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley de 1994, una legislación que Biden impulsó como senador y que aceleró el devenir del encarcelamiento masivo en Estados Unidos. Udi Ofer, exdirector de la Sección de Justicia de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, escribió en 2019, en el vigésimo quinto aniversario de la promulgación de esa ley: “Bajo el liderazgo de Bill Clinton, los demócratas quisieron arrebatarles a los republicanos el control del debate público sobre el delito, lo que provocó una suerte de puja entre los dos partidos para imponer penas más severas, en la que cada uno intentaba superar las propuestas del otro”. Los demócratas han reconocido en gran medida el fracaso de la ley contra el delito promulgada en 1994. En 2015, el expresidente Bill Clinton admitió: “El problema es que, debido a la forma en que se redactó y aplicó la ley, ampliamos excesivamente el espectro, [y ahora] tenemos demasiada gente en prisión”. Sin embargo, durante la campaña presidencial de 2019 y 2020, Joe Biden negó repetidas veces que la ley que ayudó a redactar haya contribuido al encarcelamiento masivo de personas. En la conversación con Democracy Now!, Jason Ortiz agregó: “Hay más de 3.000 personas actualmente encarceladas en prisiones federales por cargos relacionados con el cannabis, [que] también tienen familias, padres y seres queridos.[…] Así que, aunque puedo entender por qué el presidente quiere ser compasivo con su propio hijo, nos resulta sumamente frustrante que no extienda esa misma compasión a los miles de padres que actualmente ven cómo sus hijos se marchitan en la cárcel”. El 6 de octubre de 2022, el presidente Biden emitió un indulto general para todas las personas condenadas a nivel federal por posesión simple de marihuana. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó en ese entonces que “la conspiración, la distribución y la posesión [de la droga] con la finalidad [deliberada] de distribuirla no se incluyen en los casos perdonados por esta proclama”. El objetivo de la organización Last Prisoner Project es extender la morigeración de las draconianas sentencias dictadas en el marco de la “guerra contra las drogas” a las personas condenadas por delitos de distribución y otros cargos relacionados. Al respecto, Ortiz dijo a Democracy Now!: “En este momento, hay personas condenadas a pasar décadas en prisión por tráfico y venta [de marihuana], que es lo que cientos de negocios legales de cannabis en todo el país están haciendo actualmente de manera habitual, incluso en Washington D.C. Hay gente que pasa décadas en prisión por la misma actividad que actualmente está generando ingresos fiscales para ciudades y estados de todo el país. Estamos construyendo escuelas y puentes con el dinero proveniente de actividades relacionadas con el cannabis, pero seguimos dejando que mucha gente se consuma la cárcel”. La organización Last Prisoner Project no está sola en este pedido de indulto. El mes pasado, al tiempo que el presidente Biden se disponía a “indultar” pavos para la foto anual del Día de Acción de Gracias, más de 50 miembros del Congreso estadounidense publicaron una carta en la que exhortan a Biden a usar la facultad del indulto presidencial para hacer frente a la crisis del encarcelamiento masivo. La congresista del estado de Minesota Ilhan Omar, del sector progresista del Partido Demócrata, dijo en una conferencia de prensa en la que se anunció el envío de la carta: “Estados Unidos representa apenas el 5% de la población mundial, pero alberga a más del 20% de la población carcelaria mundial. Más de 1,9 millones de personas están encarceladas actualmente [en el país] y un porcentaje desproporcionado de ellas pertenece a comunidades de color. Los hombres negros son encarcelados a una tasa cinco veces mayor que los hombres blancos, un legado de las desigualdades sistémicas que han persistido por generaciones. […] El presidente Biden tiene ante sí la oportunidad de tomar una decisión trascendental en estos últimos días de su mandato y lo exhortamos a que actúe”. Es muy probable que Hunter Biden nunca pise una celda ni experimente la discriminación y las humillaciones que enfrentan quienes han cumplido una pena de prisión. El presidente Biden tiene el poder de indultar a miles de personas encarceladas por delitos federales relacionados con el cannabis o de conmutar sus sentencias por tiempo cumplido y permitirles regresar a casa. Aunque el poder está en sus manos, los millones de ciudadanos estadounidenses a quienes el presidente representa al ejercerlo deben exhortarlo a tomar esa decisión. © 2024 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
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1 En este Día de Acción de Gracias, Biden debería conceder el indulto al activista indígena Leonard Peltier
Amy Goodman y Denis Moynihan Mientras mucha gente se prepara para enfrentar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, recordemos que hasta el lunes 20 de enero Joe Biden sigue siendo el presidente de Estados Unidos, con todo el poder que eso confiere. La Constitución del país otorga al presidente la “facultad de conceder indultos y perdones por delitos cometidos contra Estados Unidos”, para paliar, de esa manera, un sistema de justicia penal plagado de fallas. Un firme candidato para recibir el indulto presidencial, como lo pidió recientemente Amnistía Internacional Estados Unidos, es Leonard Peltier, un activista indígena de las tribus Anishinaabe y Lakota de 80 años de edad que ha estado encarcelado durante casi medio siglo por un crimen que él sostiene no haber cometido. Este fin de semana de Acción de Gracias, en el que la población de Estados Unidos celebra una festividad basada en el mito de una comida compartida entre los indígenas nativos de Massachusetts y los colonos ingleses que luego los desplazarían de manera violenta, el presidente Biden debería liberar a Leonard Peltier. El caso de Peltier condensa la era moderna de la resistencia indígena. Tras varios siglos de genocidio, iniciado por Cristóbal Colón y perpetuado por sucesivas oleadas de colonos europeos, para la década de 1950 la mayoría de los pueblos indígenas de América del Norte que lograron sobrevivir habían sido confinados en reservas, en condiciones de pobreza y aislamiento. La industria cinematográfica de Hollywood se apropió del rico y vibrante mosaico cultural de los pueblos indígenas de Estados Unidos, lo redujo a una mera caricatura y lo explotó monetariamente. Muchos indígenas se mudaron a las ciudades en busca de oportunidades económicas, pero siguieron enfrentando racismo y discriminación. En este contexto, y en pleno auge del movimiento por los derechos civiles y la fuerte movilización social de la década de 1960, nació el Movimiento Indígena Estadounidense (AIM, por sus siglas en inglés). En 1973, este movimiento llegó a Pine Ridge, una reserva indígena en el estado de Dakota del Sur, donde un gobierno tribal corrupto, en connivencia con las autoridades federales y locales, estaba llevando a cabo un violento proceso de represión contra un creciente movimiento comunitario que intentaba recuperar las prácticas tradicionales e impedir que las industrias extractivas explotaran los territorios ancestrales. Más de 50 miembros de la tribu Lakota y personas aliadas de su causa fueron asesinads allí durante un período de tres años. El 26 de junio de 1975, Leonard Peltier se encontraba en un campamento del Movimiento Indígena Estadounidense establecido en la propiedad de una familia atacada. Personas no identificadas dispararon contra el campamento y los miembros del movimiento repelieron el ataque con disparos. Dos agentes del FBI y un joven activista indígena murieron durante el tiroteo. Posteriormente, dos miembros del movimiento indígena fueron arrestados y acusados de matar a los agentes. En el juicio, el jurado determinó que las personas acusadas habían disparado en defensa propia y las absolvió. Leonard Peltier, quien fue arrestado tiempo después, enfrentó un juicio por separado y fue condenado. El juicio de Peltier estuvo plagado de conductas indebidas por parte del FBI y de los fiscales federales, acciones que incluyen intimidación a testigos, falsos testimonios y retención de pruebas exculpatorias. Mientras Peltier era juzgado en 1976, Joe Biden, entonces un joven senador estadounidense, se convertía en miembro fundador del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia. El comité se constituyó luego de las impactantes audiencias realizadas por el Comité Church, que investigó y reveló las acciones ilegales e inconstitucionales del FBI y las operaciones de su programa de contrainteligencia denominado Cointelpro —por su acrónimo en inglés—, dirigidas contra líderes y organizaciones defensoras de los derechos civiles, entre ellas el Movimiento Indígena Estadounidense. Surgió entonces un movimiento global que exigía justicia para Leonard Peltier. Íconos de la lucha por los derechos humanos, como el presidente sudafricano Nelson Mandela y el arzobispo Desmond Tutu, pidieron su liberación, como también lo hizo uno de los jueces federales involucrados en el caso y, años después, uno de los fiscales que mandó a Peltier a prisión. Amnistía Internacional lleva décadas haciendo campaña por la liberación de Peltier. La organización envió recientemente una carta al presidente Biden, en la que reitera su pedido. Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo a Democracy Now!: “Amnistía [Internacional] ha pedido a los sucesivos Gobiernos de Estados Unidos a lo largo de varias décadas que hagan lo correcto en relación con el caso de Leonard [Peltier]. Leonard ha estado hospitalizado en junio y volvió a estarlo en octubre. Es hora de darle la oportunidad de pasar sus últimos momentos de vida con su familia y su comunidad”. A fines de octubre, el presidente Biden visitó las tierras de la Comunidad Indígena de Gila River, en el estado de Arizona, en donde ofreció una disculpa formal por el trato dado por el Gobierno estadounidense a los niños y niñas indígenas que fueron obligados a ingresar en internados. Estas fueron las palabras que Biden expresó en esa ocasión: “Hubo cientos y cientos de internados para menores indígenas gestionados por el Gobierno federal en todo el país. Decenas de miles de niños y niñas indígenas ingresaron a ese sistema [de internados]. Se documentaron casi 1.000 muertes de menores indígenas [en esas instituciones], aunque es probable que el número real de víctimas mortales sea muchísimo mayor. Se perdieron generaciones completas, además de culturas y lenguas [ancestrales]. Se perdió también la confianza. Fue algo sumamente atroz. Es un pecado en nuestra alma”. Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now! poco después de las disculpas de Biden, Nick Tilsen, director ejecutivo de la organización indígena Colectivo NDN, expresó al respecto: “Lo que esto significa para las comunidades indígenas es que esperamos que este sea el comienzo de una era de reparación entre el Gobierno de Estados Unidos y los pueblos indígenas, los pueblos originarios de esta tierra. […] [Leonard Peltier] estuvo en uno de estos internados, en el Sisseton-Wahpeton, en Dakota del Sur. […] Peltier y muchas personas que se convirtieron luego en líderes del Movimiento Indígena Estadounidense lograron sobrevivir a esos internados. Atravesaron esa etapa y luego se incorporaron a la resistencia”. Para demostrar que la disculpa que ofreció en la Comunidad Indígena de Gila River fue realmente genuina, el presidente Biden debería conmutar la pena de Leonard Peltier. Es un gesto que los pueblos indígenas de Estados Unidos han esperado por mucho tiempo, y que todos agradeceríamos. © 2024 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
Amy Goodman y Denis Moynihan Bakú, Azerbaiyán–. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático —la COP29 o vigesimonovena “Conferencia de las Partes”— se ha celebrado este año en Azerbaiyán, un pequeño y autoritario petro-Estado enclavado entre Rusia e Irán y situado a orillas del mar Caspio. La cada vez más grave crisis climática, que ha sido alimentada por el uso intensivo de los combustibles fósiles en los últimos siglos, exige una acción global conjunta de todos los países, incluidos aquellos gobernados por regímenes autoritarios. Pero ¿acaso es necesario que la conferencia se lleve a cabo en un país donde se criminaliza la disidencia, las protestas están prohibidas y no se respeta ni la libertad de prensa ni el derecho a la libre expresión? Podría decirse que la adicción mundial al petróleo comenzó en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Fue aquí, en 1846, donde se perforó el primer pozo petrolífero industrial. Mientras la revolución se extendía por Europa y otros países del mundo en 1848, y el recién publicado “Manifiesto comunista” de Karl Marx les recordaba a los trabajadores que no tenían nada que perder excepto sus cadenas, la humanidad se ataba con fervor a los combustibles fósiles. Más de 175 años después, la quema cada vez más intensiva de carbón, petróleo y gas ha aumentado la temperatura del planeta y ha generado una cascada de consecuencias catastróficas, desde huracanes y tifones cada vez más frecuentes e intensos hasta incendios forestales, sequías y tornados. Esto, a su vez, ha incrementado el sufrimiento humano y provocado desplazamientos masivos de población. Esta crisis continuará acelerándose, a menos que se acuerde, se implemente y se haga cumplir una solución integral a escala mundial. Lo que nos lleva nuevamente a Bakú y a la decisión intrínsecamente equivocada de celebrar estas vitales conversaciones en un lugar donde el Gobierno del presidente Ilham Aliyev te puede detener por hablar libremente. Giorgi Gogia, director adjunto de Human Rights Watch para Europa y Asia Central, dijo a Democracy Now!: “El historial de derechos humanos de Azerbaiyán es pésimo desde hace muchos años, pero la situación se ha deteriorado de manera drástica en el período previo a la COP29”. Gogia indicó que Human Rights Watch ha “documentado 33 casos de arrestos y encarcelamientos de periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos y críticos del Gobierno que han sido acusados de cargos falsos. […] Imaginen cómo habría sido esta cumbre si esas personas hubieran tenido la oportunidad de estar allí, para expresar sus críticas y para que sus voces fueran escuchadas por todo el mundo”. Según otras fuentes, el número de arrestos efectuados en el período previo a la COP29 alcanza casi los 300. Gubad Ibadoghlu, un economista comprometido en la lucha contra la corrupción, docente de la prestigiosa universidad London School of Economics, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario. ¿Su delito? Demandar una mayor transparencia en el manejo de los ingresos obtenidos por Azerbaiyán a través del petróleo y el gas. En julio de 2023, Ibadoghlu y su esposa fueron detenidos violentamente. El profesor Ibadoghlu enfrenta una posible condena de hasta 17 años de cárcel. Su hija, Zhala Bayramova, también fue arrestada y sometida a actos de tortura. Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now! fuera de Azerbaiyán, Zhala expresó: “Soy abogada de derechos humanos, pero también soy activista, me desempeñé como observadora electoral y trabajé en la presentación de casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como consecuencia de las torturas que sufrí, ahora no puedo dormir sin una almohada cervical, ya que me lesionaron los discos del cuello. También me aplastaron las costillas y las rótulas”. Zhala continuó: “El padre de Ilham Aliyev también fue presidente de Azerbaiyán, y en la etapa de la Unión Soviética fue general de la KGB. Y parece que Ilham Aliyev está preparando a su hijo para que lo suceda en el cargo. [Además], la esposa [del actual presidente] es la vicepresidenta de Azerbaiyán. Por tanto, es como si fuera una monarquía. De alguna manera, es como una dinastía familiar. Ellos son dueños de todo”. La cumbre climática se llevó a cabo en el principal estadio deportivo de Bakú y en varias instalaciones transitorias adyacentes, dentro de una área restringida conocida como “Zona Azul”, donde la ONU controla la seguridad y establece las normas. En este “pueblo Potemkin”, que parece un decorado, las manifestaciones de protesta solo se toleran si están previamente autorizadas y solo en lugares y horarios específicos. En uno de los espacios asignados para protestar, los manifestantes pueden hacer ruido, pronunciar discursos o incluso cantar. En el otro espacio designado, solo se autorizan protestas en silencio, en las que solo se permite tararear suavemente o chasquear los dedos. La ONU ha explicado que esta medida responde a la cercanía de esa área con las salas de reuniones de la cumbre. Sin embargo, tras las puertas cerradas de esas salas de reuniones, donde se decide el futuro climático del planeta, los más de 1.700 lobistas de la industria de los combustibles fósiles registrados para la COP29 tienen libertad para expresarse, interactuar con las delegaciones gubernamentales e influir en el curso de las negociaciones sin ser molestados por las protestas silenciosas que se llevan a cabo en el exterior. Mientras el 2024 se perfila como el año más caluroso del que se tiene registro, superando incluso las temperaturas récord del año pasado, la producción y el consumo mundial de petróleo están en un máximo histórico. La ciencia nos dice que los peores impactos de la emergencia climática aún podrían evitarse si se adoptan medidas contundentes de forma urgente y con determinación. Autócratas como Ilham Aliyev, y aspirantes a autócratas como Donald Trump, adoran la riqueza y el poder que emanan del petróleo. Trump ya ha prometido que Estados Unidos se retirará —una vez más— del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Los movimientos populares y la solidaridad internacional serán cruciales para hacer frente a la doble amenaza del autoritarismo y el cambio climático en estos próximos años de crisis que se avecinan. En estos tiempos difíciles, vuelven a resonar las palabras de Antonio Gramsci, el renombrado filósofo del siglo XX que pasó en prisión sus últimos doce años de vida, bajo el régimen del líder fascista Benito Mussolini. En sus “Cuadernos de la cárcel”, traducidos del italiano, Gramsci escribió: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. © 2024 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
Amy Goodman y Denis Moynihan El largo historial del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de denigrar a las personas migrantes está alcanzando una peligrosa y probablemente violenta escalada al nominar para puestos clave en su gabinete y equipo de Gobierno a supremacistas blancos simpatizantes del movimiento extremista “Estados Unidos Primero”. Uno de los pilares de la campaña de Trump fue su promesa de deportar a al menos doce millones de personas, a las que se refiere como “ilegales”. La victoria electoral de Trump ha hecho subir el valor de las acciones de las empresas penitenciarias privadas, pero también ha impulsado a los movimientos populares a organizarse para resistir las políticas despiadadas del presidente electo. El 27 de octubre, en el mitin racista que encabezó en el Madison Square Garden de Nueva York, Trump expresó: “Estados Unidos es ahora un país ocupado, […] dentro de nueve días será el Día de la Liberación de Estados Unidos. El primer día [de mi Gobierno] lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos. […] Vamos a echarlos a patadas de nuestro país lo más rápido posible”. A excepción del propio Trump, nadie en su entorno manifiesta tanto odio hacia los inmigrantes como Stephen Miller, a quien eligió como jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca. En el acto de campaña que se llevó a cabo en el Madison Square Garden, Miller azuzó a la multitud gritando: “¡Estados Unidos es para los estadounidenses y solo para los estadounidenses!”. Stephen Miller fue el artífice de las políticas contra la inmigración implementadas durante el primer mandato de Trump, como la prohibición de ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de países musulmanes y la separación de familias migrantes. El futuro miembro del Gabinete de Trump ha tenido cuatro años para tramar nuevas medidas y ha desarrollado un amplio plan para llevar a cabo deportaciones en masa. Miller expuso detalles de sus planes en febrero pasado, durante un discurso que pronunció en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés): “[Hay que] cerrar la frontera, que no entren [inmigrantes] ilegales, y que todos los que están aquí se vayan. Es así de simple. […] Es necesario implementar una serie de políticas internas y externas interrelacionadas. […] Por ejemplo, la política de “Permanecer en México”; terminar [la construcción] del muro; llevar adelante juicios rigurosos contra los inmigrantes ilegales, realizar los vuelos de repatriación hacia [el centro o sur de México] en lugar de poner como punto de destino el norte del país. Eso es muy importante. [También podemos] volver a implementar el Título 42”. La normativa conocida como “Título 42” refiere a una ley promulgada en 1944 que permite al presidente del país restringir la inmigración y expulsar a cualquier persona que sea considerada un riesgo para la salud pública. Esta sección del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos fue invocada por Trump durante la pandemia de COVID-19 y fue sostenida por el presidente Biden hasta entrado el 2023. Miller continuó así su discurso: “[Otra de las políticas sería] la prohibición de viajes. […] Podríamos retomar esas políticas y agregar otras nuevas. También se podrían establecer bases de operaciones a gran escala para los vuelos de deportación. Entonces, detenemos a los inmigrantes ilegales y los llevamos a esas bases de operaciones, desde donde los aviones los trasladarán de regreso a sus países a cargo de las fuerzas federales. Se le delega a la Guardia Nacional la facultad de hacer cumplir las leyes migratorias”. Las “bases de operaciones” no deben confundirse con campos de concentración. Donald Trump también ha elegido a Thomas Homan para desempeñarse como su llamado “zar de la frontera”. Homan fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la primera presidencia de Trump. Ahora estará a cargo de la expulsión masiva de migrantes planeada por Trump. Durante una entrevista que mantuvo con la periodista Cecilia Vega en el programa “60 minutos”, Homan evitó responder sobre el costo que tendrán esas deportaciones en masa: Vega: “Hemos visto una estimación que indica que deportar a un millón de personas al año tendría un costo de 88.000 millones de dólares”. Homan: “No sé si eso es exacto o no”. Vega: “¿Es eso lo que deberán pagar los contribuyentes estadounidenses?” Homan: “¿Qué precio le ponemos a la seguridad nacional? ¿No merece la pena?” Vega: “¿Hay alguna manera de llevar a cabo deportaciones masivas sin separar a las familias?” Homan: “Por supuesto que la hay. Podríamos deportar a las familias enteras”. De esta manera, Homan indicó que niños, niñas y jóvenes nacidos en Estados Unidos —es decir, ciudadanos legales estadounidenses— podrían ser deportados junto con sus padres indocumentados. El presidente electo también ha designado a la gobernadora del estado de Dakota del Sur, Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional. Noem tiene poca experiencia en Seguridad Nacional, pero ha enviado en varias ocasiones a la Guardia Nacional de Dakota del Sur a la parte texana de la frontera entre Estados Unidos y México. Trump, que planea utilizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses para implementar las deportaciones en masa, ha nominado al veterano militar y presentador del canal Fox News Pete Hegseth como secretario de Defensa del Gobierno entrante. Hegseth tiene varios tatuajes vinculados al supremacismo blanco, incluida una imagen de “la cruz de Jerusalén”, un símbolo del nacionalismo cristiano inspirado en las Cruzadas. La gente se está organizando en todo Estados Unidos para hacer frente a esta próxima ola de redadas, campos de concentración y deportaciones masivas. Alejandra Pablos es una narradora y activista comunitaria por la justicia reproductiva residente de Arizona, que luchó exitosamente contra su propia deportación durante diez años. En conversación con Democracy Now!, Pablos describió su trabajo en una red de respuesta rápida: “Se trabaja con la gente a nivel comunitario, tratando de informar a la gente sobre sus derechos y sobre lo que pueden hacer para protegerse mutuamente”. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles se ha estado preparado durante un año y cuenta con equipos legales listos para luchar contra Trump y su equipo de deportación en los tribunales. Trump, Miller y Homan ya han intentado realizar deportaciones masivas anteriormente. Se encontraron con una sólida resistencia en las calles y en los tribunales. Por su parte, la contundente oposición forzó a Trump a anular una orden ejecutiva, lo que permitió detener la separación de familias migrantes. El desafío ahora consiste en que aquellos que cuentan con el privilegio y las protecciones de la ciudadanía estadounidense se solidaricen con los millones de residentes indocumentados que se ven amenazados por las deportaciones masivas que planea Trump, y respondan con una resistencia sólida, perseverante y organizada. © 2024 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
Amy Goodman y Denis Moynihan Donald Trump se convertirá nuevamente en presidente de Estados Unidos el lunes 20 de enero de 2025. Hasta entonces, sin embargo, el presidente Joe Biden seguirá ocupando el Despacho Oval de la Casa Blanca. En un discurso que pronunció el jueves en el Jardín de las Rosas ante su gabinete y su equipo de gobierno, Biden dijo: “Ahora tenemos 74 días para terminar el mandato, nuestro mandato. Hagamos que cada día cuente. Esa es la responsabilidad que tenemos ante el pueblo estadounidense”. Muchas cosas puede y debe hacer Biden en esta recta final de su presidencia, antes de desaparecer en el horizonte en un último viaje a bordo del helicóptero presidencial, el Marine One —a menos que, como lo hizo a lo largo de su carrera como senador, prefiera viajar a su residencia del estado de Delaware en tren—. El actual presidente de Estados Unidos dispone de un tiempo limitado para actuar, en el cual aún podría implementar muchas acciones positivas, como enmendar algunos de sus propios errores y contrarrestar algunas de las políticas que Donald Trump ha prometido poner en marcha desde su primer día en el cargo. Primero y ante todo, Biden debería suspender todos los envíos de armas a Israel. Y punto. Ni una bomba más, ni una bala más. La masacre de civiles que Israel está cometiendo en Gaza está siendo descrita cada vez con más frecuencia como un auténtico genocidio transmitido en directo. Las fuerzas armadas israelíes están ahora obligando a toda la población del norte de la Franja de Gaza a marcharse hacia el sur. Esto se produce tras la publicación del llamado “Plan de los generales”, un plan redactado por oficiales militares israelíes retirados que propone denegar de manera sistemática toda ayuda humanitaria en el norte del enclave palestino, una estrategia que ha sido calificada de limpieza étnica. El periódico israelí Haaretz informó esta semana: “El Ejército [de Israel] ha comenzado la etapa de limpieza total del norte de la Franja de Gaza, a la vez que se prepara para mantener la zona bajo ocupción durante un largo tiempo”. Israel está utilizando armas financiadas por los contribuyentes estadounidenses para exterminar a los palestinos en Gaza, en una clara violación de las leyes de Estados Unidos y del derecho internacional. Los gazatíes se encuentran atrapados, bajo un implacable asedio, rodeados por el ejército y la marina israelíes, al tiempo que drones armados, helicópteros y aviones de combate sobrevuelan su territorio. Están siendo expulsados de sus hogares, los someten al hambre, los bombardean, los atacan con francotiradores, los matan con proyectiles de tanques y se los obliga a vivir sin agua potable, sin saneamiento, sin hospitales operativos y sin los elementos básicos para sobrevivir. Todos los aspectos de la vida social, así como su cultura y su historia, están siendo borrados por los incesantes bombardeos israelíes y por las brigadas de demolición de las Fuerzas de Defensa de Israel, cuyos miembros sonríen mientras se toman selfis en el terreno. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de Biden. El periódico Haaretz informó también, a principios de septiembre, que un “alto funcionario de la Fuerza Aérea le señaló al periódico que, sin el suministro de armas de Estados Unidos a las Fuerzas de Defensa de Israel, sobre todo a su fuerza aérea, Israel habría tenido serias dificultades para sostener su guerra más allá de unos pocos meses”. Recientemente se filtró una carta que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, enviaron a las autoridades israelíes. En ella, los funcionarios advierten que si Israel no permite el ingreso inmediato de ayuda humanitaria estadounidense a Gaza, Estados Unidos detendrá el envío de armas a Israel. Se le dio a Israel plazo hasta el 13 de noviembre para cumplir con esa exigencia. Sin embargo, las leyes estadounidenses que regulan los envíos de armas no contemplan un período de gracia, por lo que el cese del suministro de armamento debería haberse efectuado de inmediato. A medida que se acerca la fecha límite, y con la situación en el norte de Gaza cada día más catastrófica, parece que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu —un firme aliado de Trump—, no tiene intención alguna de permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave ocupado. En el ámbito interno, Biden tiene la posibilidad de evitar parte de la violencia que se anticipa que se desatará con el regreso de Trump a la presidencia. Biden prometió poner fin a la pena de muerte a nivel federal durante su campaña electoral de 2020, después de que el entonces presidente Trump ordenara la ejecución, en sus últimos seis meses en el cargo, de 13 presos federales condenados a muerte. Con un simple trazo, Biden podría conmutar por cadena perpetua las sentencias de los 40 presos federales que actualmente enfrentan la pena capital. La lista de condenados a muerte a nivel federal quedaría vacía con esta medida y se le negaría así a Trump la posibilidad de emprender otra ola de ejecuciones. Biden también podría conmutar las sentencias de los cuatro prisioneros que están a la espera de ejecución por parte del sistema de justicia militar del Ejército de Estados Unidos. Por otro lado, el actual presidente podría incidir sobre la deportación en masa de migrantes que Trump prometió llevar a cabo, uno de los pilares de su campaña electoral. Peter Markowitz y Lindsay Nash son profesores de derecho en la Facultad de Derecho Benjamín Cardozo de la Universidad Yeshiva, una universidad privada de Nueva York. Ambos docentes han retomado una línea argumental que varias organizaciones activistas habían impulsado en los últimos días de la presidencia de Barack Obama. La argumentación sostiene que “el presidente cuenta con la facultad constitucional para indultar a una amplia gama de inmigrantes que han cometido infracciones civiles de las leyes migratorias y proporcionarles así una protección duradera y permanente contra la deportación”. Biden podría basarse en esta teoría jurídica verdaderamente innovadora para proteger a millones de inmigrantes indocumentados de las innumerables injusticias, en muchos casos ejercidas con violencia, derivadas de las ineficaces políticas migratorias de Estados Unidos. Una medida de este tipo probablemente sería impugnada en los tribunales, pero podría demorar lo que casi con certeza será un intento atroz de Donald Trump de deportar hasta 12 millones de residentes de Estados Unidos. En estos días, mucha gente se está organizando para ver cómo hacer frente al nuevo mandato de Trump. Biden podría sumarse a esta resistencia, mediante las facultades constitucionales que le confiere su cargo como presidente de Estados Unidos, el cargo más poderoso del planeta. © 2024 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.…
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